A partir de esta semana, todos los negocios de servicios monetarios ubicados en 30 códigos postales de California y Texas —incluidos siete en el condado de San Diego— deberán reportar transacciones a partir de $200, según una nueva orden federal.

La medida, conocida como Orden de Enfoque Geográfico (GTO, por sus siglas en inglés), fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., y entró en vigor oficialmente el lunes.

La orden exige que negocios dedicados al cambio de divisas, transferencias de dinero y otros servicios financieros, ubicados en los códigos postales señalados, presenten reportes de transacciones en efectivo entre $200 y $10,000. Esta disposición se suma a la ley vigente que ya exige reportar operaciones mayores a $10,000 en un solo día.

Los reportes deben incluir el número de seguro social o el número de identificación fiscal del cliente, con el objetivo de combatir delitos como el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas.

En el condado de San Diego, los códigos postales afectados son: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154 y 92173, abarcando zonas como San Ysidro, Otay Mesa, Barrio Logan, Logan Heights, Chula Vista, Clairemont y Mira Mesa. También se incluye a negocios en los códigos 92231, 92249, 92281 y 92283 del condado de Imperial.

Cinco condados en Texas también están bajo esta medida: Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.

Aunque no se explicó por qué se eligieron específicamente esos códigos postales, autoridades federales señalaron que la orden busca impedir que personas vinculadas con cárteles de droga extranjeros accedan al sistema financiero estadounidense.

La orden fue emitida tras la designación de ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras o Terroristas Globales Especialmente Designados, realizada por el expresidente Donald Trump el día de su toma de posesión.

“La GTO refleja nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan los cárteles y otros actores criminales para el sistema financiero de EE.UU.”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La orden estará vigente hasta el 9 de septiembre, y se exige a los negocios conservar los registros relacionados por al menos cinco años después de esa fecha.