La Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados pidió al gobierno federal no permitir más la introducción a México de vehículos chatarra procedentes de los Estados Unidos, ya sea mediante importación o vía decreto de regularización.

Al celebrar en Ensenada su convención nacional, el presidente de la ANCA, David Placencia Barrera, dijo que dichos vehículos primero deberían pasar por revisiones estrictas que se conviertan en candados inquebrantables previo al ingreso a nuestro país.

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También protestó ante el comercio informal de vehículos y pidió a la autoridad competente intervenir para solucionar esta actividad, ya que no pagan impuestos ni servicios, no declaran, no generan empleo ni se pueden asegurar en algunos casos, además de que se convierten en competencia desleal al costar mucho menos.

Calculó que las ventas en el sector formal han caído hasta en un 30 por ciento a nivel nacional, mientras que en la frontera sube hasta el 50 por ciento, además de que muchos de esos vehículos comercializados no se encuentran legales.

Algunos vehículos entran con pedimento de importación, otros con decreto, pero se comercializan. Mientras con el decreto un carro te cuesta unos 5 mil pesos, un pedimiento de importación puede ser de 100 mil pesos, explicó.

Al respecto, Rafael Rueda, vicepresidente de ANCA, dijo que a la fecha se siguen introduciendo vehículos para regularizarlos con el decreto, aunque esta medida era para los que ya estaban en nuestro país.

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Desde mi punto de vista, dijo, fue una medida muy populista porque permitieron entrar una gran cantidad de vehículos.

MULTAS MILLONARIAS POR LEY ANTILAVADO

Mayleth Ortiz, especialista en ley antilavado, dio a conocer que integrantes del sector han recibido multas, ya sea por desconocimiento, incumplimientos u omisiones.

Una de esas multas asciende a 7 millones de pesos por aceptar recursos en efectivo más de lo permitido, toda vez que el sector automotriz puede aceptar solamente hasta 3 mil 210 UMAS en efectivo. La multa más grande, precisó, ha sido de 22 millones de pesos.

Lo que detectó la evaluación nacional de riesgos fue que el sector automotriz tiene un riesgo medio-alto, considerado como vinculado, no que a través de estas instituciones se lave, sino que los delincuentes utilizan vehículos para cometer sus ilícitos.