El Colegio de Contadores Públicos de Baja California advirtió que las disposiciones fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 generarán una carga administrativa difícil de enfrentar para los pequeños y medianos negocios del estado.

El presidente del organismo, Juan Carlos Loaiza Hernández, explicó que la fiscalización apoyada en herramientas de inteligencia artificial exigirá una mayor precisión técnica en la emisión de facturas, así como en el cumplimiento de obligaciones básicas ante el SAT.

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Aseguró que muchos contribuyentes con ingresos menores a un millón de pesos anuales, e incluso aquellos que rondan los cinco millones, ya experimentan procesos complejos para gestionar su facturación bajo los nuevos lineamientos, lo que podría incrementar el riesgo de errores involuntarios.

Loaiza Hernández indicó que estos contribuyentes requerirán asesoría especializada para evitar inconsistencias, aunque advirtió que los costos de contadores y servicios legales son difíciles de absorber para negocios de tamaño reducido que carecen de estructura administrativa formal.

Por ello, urgió a revisar la normativa fiscal antes de su aplicación, a fin de equilibrar la carga para los contribuyentes y garantizar que la incorporación de mecanismos tecnológicos no se convierta en un obstáculo para la actividad económica en la entidad.