El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle, reconoció como positivo el decreto publicado el pasado 31 de diciembre que mantiene el IVA al 8% en la zona fronteriza y reduce el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20%, al considerar que estas medidas fortalecen la competitividad de la región frente a Estados Unidos.

Lyle explicó que el origen de estos incentivos responde a la estrecha relación comercial que existe entre ambos países, especialmente en sectores como la industria manufacturera, el turismo y los servicios. Recordó que mientras en México el IVA general es del 16%, en Estados Unidos los impuestos al consumo no alcanzan el 8%, lo que históricamente colocaba a la frontera en desventaja.

Sin embargo, el dirigente empresarial advirtió que la incertidumbre persiste, ya que estos decretos suelen renovarse año con año, lo que genera zozobra entre empresarios e inversionistas. “Ojalá que ya quede de manera definitiva, porque cada año estamos con la duda de si se va a llevar a cabo o no”, expresó.

Uno de los principales señalamientos del CCE, dijo, tiene que ver con el subsidio al empleo y el crédito al salario, los cuales no fueron actualizados en las tablas del ISR para la zona fronteriza, a diferencia del interior de la República. Lyle recordó que durante siete años de incrementos salariales estas tablas permanecieron sin ajustes, situación que ahora deja fuera a Baja California de ese beneficio fiscal.

Detalló que, debido a la diferencia salarial entre el interior del país y la frontera estimada en alrededor del 45%, los trabajadores de menores ingresos en esta región resultan afectados, ya que cualquier peso adicional que perciban puede traducirse en una carga fiscal significativa. Esto, añadió, inhibe a los empresarios a otorgar bonos de puntualidad, asistencia o apoyos como vales de despensa, ya que hasta el 50% del monto puede destinarse al ISR.

Ante este panorama, Roberto Lyle señaló que el Consejo Coordinador Empresarial continuará impulsando un posicionamiento para que se establezcan dos tablas diferenciadas del Impuesto Sobre la Renta: una para el interior de la República y otra específica para toda la zona fronteriza, con el fin de lograr un esquema fiscal más equitativo y acorde a la realidad económica de la región.