La reciente entrada en vigor de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica  cae en cuestionamientos sobre el uso de recursos provenientes de las Afores en proyectos públicos. 

De acuerdo con estimaciones presentadas en el Senado, el esquema contempla destinar cerca de 5 mil millones de pesos a obras estratégicas, con una participación de entre 25 y 30 % de fondos provenientes del ahorro de los trabajadores. 

El senador Max García expresó reservas sobre el modelo, al señalar que no existen condiciones claras que garanticen beneficios para los trabajadores cuyos recursos serían utilizados. A su juicio, el problema no radica en la búsqueda de financiamiento, sino en la capacidad real de cubrir los compromisos adquiridos a futuro.

El legislador también cuestionó los antecedentes de algunos proyectos de infraestructura, donde los costos han superado ampliamente las previsiones iniciales. Citó casos en los que obras duplicaron su presupuesto original, lo que, dijo, pone en entredicho la eficiencia del gasto público.

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Otro de los puntos señalados es la creación de un comité integrado exclusivamente por funcionarios, lo que, según García, podría facilitar la asignación directa de contratos sin procesos de licitación, aumentando el riesgo de irregularidades.

Además, advirtió que los esquemas actuales de financiamiento suelen encarecer las obras. Ejemplificó que un proyecto estimado en mil 300 millones de pesos podría elevarse hasta 2 mil 200 millones al considerar intereses e impuestos.