La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que tras una reunión con representantes del sector gasolinero se alcanzó un acuerdo para fijar en 28 pesos el precio máximo del litro de diésel en el país, como medida para estabilizar el mercado y evitar impactos en la economía.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, también se abordaron diversas demandas de los empresarios, principalmente la reducción de comisiones en pagos con tarjeta y en vales electrónicos. La mandataria explicó que estos temas requieren la participación de instituciones financieras, por lo que no pueden resolverse únicamente mediante un decreto.

“Acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Fue una buena reunión y vamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda en varios temas”, señaló.

💳📢 Acuerdo anunciado
La presidenta Claudia Sheinbaum señala colaboración con gasolineros para reducir comisiones.
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— Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) April 22, 2026

El acuerdo, de carácter voluntario, se logró tras más de una hora de negociación entre autoridades federales, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como empresarios del sector. Se prevé que la próxima semana se lleve a cabo una nueva reunión para evaluar su cumplimiento.

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De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alrededor del 34% de las estaciones vendían el diésel por encima del precio sugerido, lo que llevó al gobierno a reforzar el diálogo con el sector y advertir sobre posibles sanciones mediante revisiones del SAT y otras instancias.

El contexto internacional ha sido clave en esta decisión. El aumento en los precios del petróleo, derivado de tensiones en Medio Oriente y el encarecimiento del barril por arriba de los 100 dólares, ha presionado los costos de los combustibles a nivel global.

Mantener el diésel en 28 pesos es una medida estratégica, ya que este combustible es fundamental para el transporte de mercancías, por lo que su precio impacta directamente en el costo de productos y servicios.

Aunque el acuerdo depende de la participación de cada estación de servicio, el gobierno federal confía en que contribuya a frenar aumentos injustificados y a proteger el poder adquisitivo de la población.