Miles de personas que dependen de la asistencia alimentaria en California enfrentarán nuevas condiciones para continuar recibiendo apoyo del programa CalFresh, luego de que este lunes comenzaran a aplicarse cambios federales que endurecen los requisitos de elegibilidad.

Las nuevas disposiciones están dirigidas a adultos sin hijos menores bajo su cuidado y que se encuentran en condiciones de trabajar. A partir de ahora, quienes entren en esta categoría deberán demostrar que participan regularmente en actividades laborales, programas de capacitación o labores de voluntariado para mantener el acceso a los beneficios.

Funcionarios locales advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones podría limitar la asistencia alimentaria a solo tres meses dentro de un período de tres años, una medida que podría impactar a más de 100,000 residentes en todo el estado.

Las autoridades explicaron que los beneficiarios afectados tendrán que dedicar al menos 80 horas al mes a empleo, entrenamiento laboral, servicio comunitario o una combinación de estas actividades. La verificación se realizará durante el proceso de solicitud o renovación anual del programa.

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No todas las personas inscritas en CalFresh estarán sujetas a estas reglas. Las excepciones incluyen adultos mayores de 64 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y otros grupos protegidos por la legislación federal.

Ante la entrada en vigor de los cambios, el Condado de San Diego pidió a los beneficiarios revisar su información personal en el sistema BenefitsCal, mantenerse atentos a las fechas de renovación y responder a cualquier comunicación oficial relacionada con su caso.

Como parte de la transición, autoridades del condado también anunciaron el lanzamiento de una nueva plataforma con recursos de empleo, capacitación educativa y oportunidades de voluntariado para ayudar a los residentes a cumplir con los requisitos establecidos y evitar la pérdida de beneficios.

La medida forma parte de una actualización federal que busca vincular la asistencia pública con actividades de inserción laboral, una decisión que ya genera preocupación entre organizaciones comunitarias y familias que dependen de este apoyo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.