La construcción del llamado Viaducto Elevado, proyecto conjunto entre los gobiernos federal y estatal, sigue provocando intranquilidad entre los habitantes de las zonas que sufrirán intervenciones durante la construcción, siendo el sector residencial La Isla, que albergará un túnel de más de 440 metros de longitud, un claro ejemplo. 

Las inquietudes de estos ciudadanos se pusieron sobre la mesa en una reunión con las autoridades, dejando en evidencia un déficit de información y comprensión acerca del proyecto por parte de la comunidad, ya que, a pesar de la disposición de los funcionarios a aclarar dudas, los residentes manifestaron no estar convencidos de que sus viviendas permanecerán intactas.

El caso de la comunidad de La Isla se replica en otros lugares como Playas de Rosarito, El Soler y el Cañón Zapata, donde los residentes han expresado su preocupación acerca de la obra, que requerirá una inversión de más de 12 mil millones de pesos y que creará una vía de 9 kilómetros desde el Aeropuerto Internacional hasta las Playas de Tijuana. 

Dentro del diseño del proyecto, un viaducto se extenderá sobre el cañón del Matadero, para después continuar su trayecto por debajo de la Isla, en un túnel de 50 metros de profundidad que avanzará a un ritmo de 50 centímetros diarios, necesitando 18 meses para su conclusión, informó el general Raúl Manzano, ingeniero de la obra por parte de la Sedena, encargada de supervisar el trabajo asignado a la empresa española Cabbsa Consultores.

Las principales dudas de los residentes de La Isla giran en torno a si la excavación del túnel podría poner en riesgo los cimientos de sus hogares. En respuesta, las autoridades insistieron unánimemente en que los estudios preliminares y las técnicas constructivas garantizan que todo se mantendrá igual que antes de la obra, con un notario público certificando este hecho.

Pese a ello, durante la reunión, el capitán de la Sedena, Julio Cesar Briones, admitió que en los estudios previos se identificaron movimientos de tierra y algunas grietas en la ladera contigua al cañón del Matadero antes del inicio de los trabajos. Los vecinos interpretaron esta observación como un presagio de posibles daños futuros causados por el túnel.

Gobierno regional

La reunión fue moderada por la subsecretaria de Gobierno del estado, Magaly Ronquillo, quien defendió la obra y aseguró a los vecinos que se está ejecutando con todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a los residentes. Los comités vecinales, divididos en dos sectores, acordaron designar a un ingeniero propio para que supervise la obra junto con la

Sedena y pueda informar a la comunidad, ya que no quedaron satisfechos con la información técnica proporcionada, que no garantizó que sus propiedades se mantendrán intactas. 

Las autoridades militares instaron a la comunidad a que si desean conocer los detalles técnicos visiten el centro de atención especial, situado en el área de la garita del Chaparral, junto al Banco del Bienestar.

Falta de transparencia

Carmen Romo, arquitecta y urbanista de la organización Tijuana Calidad de Vida, ha expresado a medios de comunicación locales su descontento con la falta de respuestas a las demandas de la organización acerca del plan ejecutivo y los estudios técnicos relacionados con la infraestructura vial y su impacto urbano y ambiental. 

Romo subraya que, a pesar de que las políticas urbanas favorecen el crecimiento de la densidad costera, la infraestructura existente se encuentra en un estado crítico, con cortes de agua y sistemas de drenaje que llevan años sin recibir mantenimiento.

Romo sostiene que la comunidad exige el cumplimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que promueve no imponer proyectos, sino someterlos a consulta ciudadana. El acatamiento de esta ley permitiría una mayor participación ciudadana en la planificación y desarrollo de la infraestructura y podría ayudar a prevenir futuros problemas de sobrecarga en la infraestructura existente.