La presidenta Nora Vargas y la vicepresidenta Terra Lawson-Remer del Condado de San Diego anunciaron que declararán un estado de emergencia local debido a la creciente crisis ambiental y de salud pública en el Valle del Río Tijuana. La política será presentada durante la próxima reunión de la Junta el 27 de junio.

Esta declaración responde a la persistente contaminación transfronteriza entre EU y México, cuyos devastadores efectos han motivado la necesidad de un estado de emergencia federal, señalaron las funcionarias en su anuncio.

Además, se solicitará al director administrativo (CAO) que evalúe los impactos económicos de la crisis y proporcione un informe a la junta en un plazo de 120 días; también se pedirá que procure obtener financiamiento federal y estatal para paliar la situación.

"Estoy orgullosa de liderar estos esfuerzos y de declarar, por primera vez en la historia de este problema de décadas, un estado de emergencia local", afirmó la presidenta del condado de San Diego, Nora Vargas e instó al Gobierno Federal a dar prioridad a este asunto y a proporcionar apoyo adicional para abordar esta crisis.

La vicepresidenta Lawson-Remer, madre y surfista, expresó su horror ante la continuidad del flujo de aguas residuales desde el otro lado de la frontera sur: “Esto es inaceptable. Hacemos un llamado a la administración Biden para que declare una emergencia federal y ponga fin a esta injusticia ambiental”.

Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EU (IBWC por sus siglas en inglés), desde 2018, más de 100 mil millones de galones de efluentes tóxicos han cruzado la frontera hacia los Estados Unidos a través del río Tijuana, de los cuales 35 mil millones han ingresado tan sólo desde el 28 de diciembre de 2022.

Este incesante flujo de aguas residuales ha provocado serias implicaciones en términos de salud pública, estabilidad económica y bienestar ambiental en nuestras comunidades, lo que ha llevado al cierre prolongado de varias playas durante más de 550 días consecutivos debido a la persistente mala calidad del agua. La declaración de emergencia busca dar un giro a esta crisis que amenaza no sólo a los residentes de la zona, sino también a la fauna y flora local.