La tarde de este lunes, la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ayuntamiento de Mexicali y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) retiraron unidades particulares que obstruían la avenida Independencia en el Centro Cívico de la ciudad, a través de un operativo de seguridad en presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), para brindar seguridad a todas las personas, luego de una amenaza de bomba en los edificios de la zona.

El secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez lamentó las acciones violentas de los trigueros, como la apertura de válvulas para liberar gas amoniaco, que representó un riesgo a la integridad física de los manifestantes y ciudadanos en general.

Luego de esa acción, dos periodistas que cubrían los hechos y nueve agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, sufrieron intoxicación y fueron atendidos por personal de salud.

El estado de salud de dos elementos de la FESC se reporta como grave, dijo Zavala Marquez.

El funcionario explicó que la autoridad estatal busca proteger a las y los manifestantes que mantenían un plantón en la zona, pues con la llegada del verano se esperan temperaturas de más de 45 grados centígrados, lo que arriesga la salud de las personas.

Catalino Zavala Márquez, expresó que la permanencia o no del plantón ha demostrado no marcar la diferencia en el cumplimiento o no de los fines que persiguen, y garantizó mantener un diálogo abierto con los manifestantes.

“En Baja California fomentamos y protegemos el derecho a expresarse y a manifestarse, y mantendremos el diálogo abierto, pero de ninguna manera podemos solapar acciones tendientes a poner en riesgo la vida de la población”, expresó Zavala Márquez.

Agregó que aunque se les ha permitido permanecer en la zona durante varias semanas, se debe respetar además del derecho a la seguridad y la salud, el derecho al libre tránsito.

Zavala Marquez recordó a la población que el gobierno del estado recientemente acordó con los trigueros apoyo financiero por tonelada, además de asistencia en el diálogo con el sector empresarial y el gobierno federal, para materializar los pagos extraordinarios demandados los manifestantes para alcanzar una cifra superior a la que actualmente se paga en el mercado por tonelada.