La constante contaminación del sistema pluvial de Tijuana, que ensucia las costas desde Imperial Beach hasta Coronado, llevó a la Junta de Supervisores del Condado de San Diego a declarar la situación como una emergencia ayer martes 27 de junio. Esta medida simbólica busca presionar a altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo al presidente Joe Biden, para que incrementen la inversión en medidas correctivas.

"Necesitamos que los gobiernos federal y estatal nos apoyen con la financiación necesaria para garantizar agua limpia para nuestras familias, empresas y visitantes", afirmó la supervisora Nora Vargas durante el anuncio.

La delegación de San Diego en el Congreso ya había conseguido 300 millones de dólares para expandir una planta federal de tratamiento de aguas residuales en San Diego. Sin embargo, documentación reciente indica que la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur de la Bahía necesitará casi la mitad de este dinero sólo para su mantenimiento y reparaciones básicas, según dio a conocer la Junta.

La Junta de Supervisores también ordenó un informe en los próximos 120 días sobre las consecuencias económicas de los continuos cierres de playas y la asistencia a los negocios locales. El estado de las playas ha generado gran preocupación en la comunidad, con Imperial Beach cerrado durante todo el año y Coronado con cierres intermitentes durante semanas.

Ante esta grave situación, alcaldes de la región enviaron una carta al presidente Biden hace dos semanas solicitando que se declare el estado de emergencia federal. Asimismo, David Álvarez, asambleísta demócrata de Chula Vista, presentó un proyecto de ley que permitiría a California financiar mejoras en la frontera a través del Banco de Desarrollo de América del Norte.

Estos esfuerzos se integran en un acuerdo binacional con México por 474 millones de dólares para reparar infraestructuras de aguas residuales en Tijuana y una planta de tratamiento abandonada en la costa. Sin embargo, los 33 millones de dólares necesarios para construir una nueva planta no han llegado aún a manos del gobierno local.

Mientras tanto, los residentes del sur de la bahía se preparan para otro verano difícil. El año pasado, las restricciones para nadar alcanzaron un número récord debido a la contaminación. La situación es tan grave que ha llevado a la cancelación de programas de actividades acuáticas y a desviar a los niños a playas más alejadas.