El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió al presidente Joe Biden y al Congreso liberar inmediatamente 300 millones de dólares para reparar la planta de tratamiento defectuosa y anticuada en la frontera entre Estados Unidos y México. La planta ha permitido que las aguas residuales de Tijuana contaminen las costas del sur del condado.

En cartas enviadas el 9 de agosto al presidente, al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Newsom solicitó la utilización de los fondos que el Congreso asignó hace tres años para reparar y ampliar la planta federal de tratamiento de aguas residuales.

Además, el gobernador ha pedido fondos adicionales en el presupuesto del año fiscal 2025 y a través de un proyecto de ley de créditos suplementarios. No obstante, Newsom no ha solicitado que el gobierno federal declare el estado de emergencia ni ha indicado si lo haría a nivel estatal.

La petición ha sido calificada como un “momento decisivo” en los esfuerzos por atraer la atención del gobierno federal hacia este problema. Algunos líderes locales y comisionados costeros estatales han afirmado que una declaración de emergencia sigue siendo vital. La comisaria Meagan Harmon, nombrada por Newsom, declaró que tanto una declaración estatal como federal era necesaria.

La alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, y otros líderes locales también enfatizaron la importancia de actuar con rapidez en la situación, comparándola con la respuesta eficaz en Filadelfia tras el derrumbe de un paso elevado.

Un portavoz de Newsom explicó que el gobernador no ha declarado el estado de emergencia porque se busca la ayuda federal necesaria para resolver un problema principalmente federal.

El sistema de aguas residuales de Tijuana ha tenido rupturas y problemas que datan de la década de 1930, con 11 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas fluyendo hacia el Océano Pacífico cada día. El alcalde de National City, Ron Morrison, enfatizó la necesidad de un enfoque múltiple, incluyendo presionar al gobierno mexicano y declarar una emergencia sanitaria.

La situación ha afectado a la vida de muchas familias locales y ha mantenido cerradas las costas del sur del condado a un nivel récord el año pasado. La residente Lesly Gallegos habló de cómo la contaminación ha llevado a enfermedades en la comunidad.

Los comisarios de Costas, junto con la Liga de Ciudades de California y la Asociación de Condados del Estado de California, buscan apoyo formal para pedir al presidente Biden que acelere el gasto en este asunto.

Estos esfuerzos se producen después de que los alcaldes del condado y la Junta de Supervisores del Condado de San Diego tomaran medidas en junio para abordar la cuestión de las aguas residuales de Tijuana.