La Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), que agrupa a más de 250 instituciones educativas, empresariales, fundaciones, asociaciones de padres de familia y ciudadanos, emitió un comunicado firmado también por otras organizaciones e instituciones educativas dirigido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el cual exige la detención inmediata de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024.

El comunicado plantea tres razones principales para la oposición de Copase a los nuevos libros:

Falta de consenso en la elaboración: Copase señala que no se respetó la normativa aprobada para la elaboración del material educativo, que exige un consenso entre el gobierno, maestros, padres de familia y especialistas en las materias contenidas en los textos.

Necesidad de revisión adicional: La coalición argumenta que el reciente material educativo podría beneficiarse de una revisión adicional, con el fin de asegurar la precisión de sus contenidos y equilibrar las perspectivas presentadas, promoviendo una base sólida de conocimientos técnicos y científicos.

Contravención de la Ley: Copase hace referencia a una suspensión definitiva otorgada en mayo pasado por un juez en un juicio de amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra el nuevo material educativo. Afirman que la impresión y distribución de los libros contraviene esta decisión legal.

Sobre la respuesta de la gobernadora, en la cual indica que procederá con la entrega de los libros en Baja California, la coalición argumenta que esta postura podría establecer un precedente con riesgos legales y éticos, y plantea inquietudes sobre el derecho de los niños y jóvenes a acceder a una educación independiente de cualquier ideología política.

Copase lanzó un llamado en su comunicado para que se respete la ley y se detenga la distribución de los libros en el estado, instando a la gobernadora a seguir el ejemplo de otras entidades federativas que decidieron no distribuir los libros ante la suspensión legal existente.

El comunicado concluye con un llamado a la Gobernadora a considerar su elección, enfatizando que sus acciones repercutirán en el futuro de 700 mil niños y jóvenes en Baja California y que "la historia, sin duda, emitirá su juicio".