A casi dos años de la histórica decisión que marcó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Baja California, la entidad registra un aumento significativo en el número de procedimientos realizados, según datos compartidos por la Secretaría de Salud de Baja California.

La medida, que entró en vigor el 13 de noviembre de 2021, permite a las personas gestantes acceder a abortos seguros y legales hasta las 12 semanas de gestación. Durante el 2021, se realizaron 20 interrupciones, cifra que aumentó a 292 en 2022 y 583 hasta la fecha en 2023. Mexicali se destaca por tener el número más alto de procedimientos, sumando 548 de un total de 895 abortos desde la implementación de la ley.

La Secretaría de Salud ha asegurado que las mujeres tienen garantizada una asistencia médica inmediata en casos de violación sexual, además de acceso a servicios amigables para prevenir el embarazo y a métodos anticonceptivos. El organismo también señaló que se brinda orientación sobre salud sexual y reproductiva para garantizar el bienestar de las personas gestantes.

Por otro lado, en el marco de la estrategia delineada en el Programa Sectorial de Salud 2022-2027, se resaltó el hecho de que el aborto constituye la cuarta causa de mortalidad materna en la entidad, y que ha registrado un incremento del 7 por ciento en los últimos 10 años. En este contexto, se ha implementado un módulo de atención para servicios de interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, y existen planes para expandir este servicio a otras unidades del estado.

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó como inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que sancionan el aborto, un paso significativo que amplía la accesibilidad a interrupciones legales del embarazo, obligando a las instituciones federales de salud, incluyendo el IMSS e ISSSTE, a ofrecer estos servicios. Este fallo responde a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) en 2021.

A medida que se aproxima el fin del periodo ordinario de sesiones del presente año, se espera que el Congreso de la Unión derogue las normas que criminalizan el aborto voluntario, auto procurado o consentido.