El día de ayer, jueves, la docente Alexa Macías, quien imparte clases en la Universidad Autónoma de Baja California, documentó el fenómeno de migración y remodelación del nuevo muro fronterizo.

 Durante una entrevista exclusiva con Baja News, la docente informó que un grupo de personas, originarios de Mauritania se encontraban cerca del muro fronterizo. En el lugar se encontraban diversos medios, así como personal de la Guardia Nacional, la patrulla fronteriza y seguridad privada de los Estados Unidos. Mencionó que, luego de unos minutos, una camioneta del INAMI se acercó con los migrantes a solicitar su documentación, posteriormente insistieron en subirlos dentro del vehículo. 

La ciudadana que emitió la denuncia comentó que la detención se debía llevar a cabo para verificar la “veracidad” de los documentos, a pesar de ya haberse identificado con sus tarjetas de visitantes temporales y al cuestionar el destino de estas personas. Según elementos del INAMI, quienes también respondieron que los llevarían de vuelta al hotel donde se hospedaban, a fin de verificar esa información. 

Macías, maestra de Historia y “derecho internacional”. Afirmó que ‘’esta detención es arbitraria, ya que se están violando los derechos de libre tránsito en la normatividad mexicana, por cuestiones clasistas, racistas y xenofóbicas’’. 

Cabe mencionar que en el Art. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice: “1. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a recibir en el con sujeción a las disposiciones legales.”

En la sentencia  dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  en la Acción de Inconstitucionalidad 110/2016, reitera: “ Según lo anterior, entiende que el artículo 11 constitucional contempla los únicos casos en que puede molestarse a una persona en su libertad de tránsito, y entre éstos no se encuentra ningún derecho de la autoridad local para irrumpir el ejercicio de la libertad de movilidad deambulatoria o, en su caso, detener a las personas migrantes que transitan en el territorio nacional de conformidad con los preceptos constitucionales.” 

José María García, director y fundador de juventud 2000, así como coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, comentó que las organizaciones como la que él dirige reprochan este tipo de conductas. Agregó que estos actos no se pueden realizar de manera directa, hasta no escuchar alguna declaración por parte de las autoridades estatales (en este caso, del delegado de migración) sobre las acciones que se tomarán en la frontera, de las cuales enfatiza, no hay información hasta el momento. 

En semanas recientes, David Tejada, el titular de INAMI, expresó su descontento por las detenciones arbitrarias de migrantes llevadas a cabo por la policía municipal. Él instó a las víctimas de estas detenciones a presentar denuncias. Además, el Licenciado Lucero Vázquez, encargado de Atención al Migrante, afirmó en entrevistas que, ‘’con o sin amparo, ninguna autoridad puede detener a un migrante y presentarlo ante las autoridades migratorias, ya que esto está prohibido por la Ley de Migración’’. Subrayó que un policía local no tiene la facultad de entregar a un migrante al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, a pesar de los eventos recientes, no se han hecho comentarios al respecto.

Sara Soto, la directora de Espacio Migrante, lamentó la persistencia del perfilamiento racial por parte de las autoridades en materia de seguridad al realizar estas detenciones. Además, señaló que han sido testigos de injusticias perpetradas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración de Baja California, quienes detienen a personas en situación de movilidad por el simple hecho de caminar por la calle.

Alexa Macías, Maestra en Derecho Internacional, destacó que esta problemática no es algo nuevo, sino que México arrastra un contexto histórico que se remonta a los años 80, cuando grupos centroamericanos y pueblos indígenas eran objeto de ataques por parte de las autoridades migratorias y de seguridad. Resaltó que las autoridades federales parecen estar más enfocadas en una agenda política que en salvaguardar la integridad de los migrantes que huyen de sus países debido a la violencia.