El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una auditoría especial al fideicomiso público conocido como Fondos Tijuana. La propuesta, presentada por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Amintha Briceño, Alejandrina Corral y Diego Echevarría, apunta a investigar el manejo de los recursos del fideicomiso, particularmente en relación con la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y otros funcionarios municipales.

La iniciativa surgió a raíz de una denuncia presentada por José Román Aboytes, ex secretario del Transporte Público en Tijuana y presidente de la Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California. Aboytes acusó a diversos funcionarios municipales, incluyendo a Caballero, de un uso irregular de los fondos del fideicomiso, que se formó con la venta de pases para el cruce ágil a Estados Unidos y acumuló un total de 76 millones 853 mil 809 pesos.

Según la denuncia, más de 37 millones de pesos se otorgaron de manera irregular, afectando a quienes necesitaban esos recursos. En particular, se señala que 42 millones de pesos se distribuyeron a 30 organismos sociales, pero solo cuatro de ellos recibieron más de 26 millones, lo que sugiere una posible violación de las reglas de operación del fideicomiso.

El diputado Diego Echevarría Ibarra, uno de los proponentes de la auditoría, destacó que las reglas del fideicomiso estipulan que una asociación civil no puede recibir fondos dos veces en el mismo ejercicio fiscal sin haber justificado previamente el uso de los recursos anteriores. 

La Auditoría Superior del Estado fue instruida a realizar una revisión y presentar un informe específico de auditoría no solo del último ejercicio fiscal, sino también de los anteriores.