Ante el creciente número de feminicidios en Baja California, que se posicionó como el segundo estado con mayor incidencia de homicidios contra mujeres, según datos recientes de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, ubicando a 4 de 5 municipios del Estado, entre los 100 con más feminicidios a nivel nacional, expuso la Red de Mujeres Unidad por BC.

En 2023, Baja California cerró con 20 feminicidios reconocidos y 250 homicidios contra mujeres, lo que representa menos del 10 por ciento reconocido como feminicidios, debido en gran parte a la falta de perspectiva de género de los jueces, apuntaron las activistas. La ciudad de Tijuana ha sido señalada como la de mayor índice de violencia contra las mujeres en el estado, investigando como feminicidio solo el 25 por ciento de los casos.

El año pasado, se reportaron 127 mil 329 mujeres víctimas de delitos en México, de las cuales 2 mil 582 fueron asesinadas, aunque solo 827 casos fueron catalogados como feminicidios. Daniela García, de la Red de Mujeres, se mostró preocupada por el criterio de las autoridades, por “la poca efectividad con la que se ha clasificado este delito temiendo que sea con el objetivo de maquillar las estadísticas las cuales superan más del doble los registros de 2015, marcando un aumento constante desde 2018, siendo 2021 el año más violento”.

Si bien recientemente el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas para fortalecer la Ley de Feminicidio en Baja California, que incluyen la ampliación de circunstancias bajo las cuales una muerte violenta de una mujer puede ser considerada como feminicidio, así como el aumento de la pena mínima a 40 años, las cifras apuntan a un problema mayusculo. 

Baja California, con 2 mil 489 casos denunciados, supera la media nacional de 104.8 con 154.8 colocándose entre los estados más violentos contra la mujer.

Otra medida relevante es la no prescripción de los feminicidios en el estado, junto con la inclusión de 10 agravantes para proteger a mujeres, especialmente a niñas, indígenas, adultas mayores y personas con discapacidad. 

La reforma también establece la obligatoriedad de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres y considera aspectos de jerarquías y subordinación, así como la omisión de servidores públicos en estos casos.