En octubre de 2021, se llevó a cabo una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco y Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Cigarros Electrónicos y Vapeadores mediante un decreto que tenía como objetivo prohibir la venta de estos productos y resaltar los riesgos para la salud asociados a su consumo. En respuesta a esta medida, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) anunció durante la conferencia matutina del gobierno estatal que se intensificarán las sanciones, concretamente mediante la clausura de los establecimientos dedicados a la venta de estos productos. Estas declaraciones surgen después de que el pasado 19 de febrero se produjera el incendio de cuatro tiendas de Smoke Shop en Tijuana, donde se encontraron varios productos ilegales.

“Estuvimos la semana pasada visitando y encontrando productos de vapeadores, no encontramos productos derivados del cannabis, THC ni CBD; por eso se les reitera a los comerciantes que no existe normatividad para que puedan ser comercializados dentro del país, no solo vamos a aplicar una suspensión parcial, sino aplicar un sello de suspensión total del establecimiento en aquellos donde hubo tolerancia en su momento”, puntualizó Erwin Areizaga Uribe, comisionado de la Coepris en Baja California.

En Baja California, durante el año 2022, se reportaron 9 casos de enfermedad isquémica en jóvenes de 15 a 19 años y 24 casos en adultos de 20 a 41 años, todos relacionados con problemas cardíacos. Asimismo, se registraron 63 casos de neumonía y bronconeumonía en adolescentes de 15 a 19 años, así como un total de 165 casos en adultos de 20 a 24 años, atribuidos al uso de vapeadores. Ante esta situación, las autoridades de salud están buscando la colaboración de la Fiscalía General de la República para emprender acciones legales, con el objetivo de lograr resultados efectivos. A pesar de la presencia extendida de tiendas denominadas "smoke shop" en toda la ciudad de Tijuana, se espera que estas medidas judiciales contribuyan a crear un impacto visible en la problemática.

“Es un tema de salud pública; sabemos que el uso de vapeadores y productos derivados del cannabis es un tema que aqueja actualmente; hemos hecho operativos, pues la recomendación es que esto se evite y haya una regulación del problema; somos autoridades sanitarias y tenemos la facultad, pero ante la reincidencia de que ya es un decreto en México, también tendría que actuar la fiscalía de manera judicial para poder ver resultados”, indicó el secretario de salud en Baja California, José Adrián Medina Amarillas.

Además, en la mañana del jueves 21 de febrero, se informó que se han iniciado las visitas para verificar la situación. Durante el año 2022, se incautaron 4500 dispositivos en máquinas expendedoras que carecían de filtros, lo que facilitaba la adquisición por parte de menores de edad. También se retiraron 13 máquinas en todo el estado. Cabe destacar que, una semana antes de los incidentes relacionados con la quema de establecimientos que vendían vapeadores, se habían decomisado 8 dispositivos.

Avances en investigación de quema de Smoke Shop

Además, al consultar a la gobernadora sobre su posición respecto a los recientes acontecimientos, expresó su pesar por la situación, condenó los hechos y mencionó que hay avances significativos en las investigaciones. Detalló que próximamente será la Fiscal General del Estado (FGE) quien divulgará la información correspondiente. En este contexto, durante la tarde del miércoles 20, el Fiscal Regional de Tijuana, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, ofreció algunos adelantos sobre el caso.

“Uno de los locales, donde fue perpetuado el homicidio y una persona lesionado, no contaba con razón social; actualmente son tres carpetas de investigación por daño a propiedad ajena, que está investigando la unidad de patrimoniales y estamos llevando a cabo las investigaciones en tiendas aledañas y la cuarta carpeta, la lleva la Fiscalía General de la República por la persona lesionada y homicidio; señaló Ramos Jiménez.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Estatal, Roberto Quijano, había comunicado previamente que los propietarios de micro y pequeños negocios se ven perjudicados por el cobro de piso y la extorsión, señalando que la zona este es especialmente propensa a este tipo de "amenazas". En respuesta, el Fiscal Regional de Tijuana instó a los comerciantes en la ciudad a denunciar cualquier situación similar de inmediato. Afirmó que tanto el cobro de piso como otros delitos relacionados con los incendios ocurridos son parte de las líneas de investigación en curso, de las cuales aún no pueden confirmar resultados.

En cuanto a este tema, se destacó que ninguno de los propietarios de las cuatro tiendas afectadas ha presentado denuncias ni ha declarado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). No se tiene certeza acerca de si todas las tiendas pertenecen a una franquicia o a un único individuo. No obstante, se confirmó la detención de tres personas vinculadas a los incendios y ataques. Estas personas fueron aprehendidas por la policía municipal cuando se encontraban en un vehículo reportado como robado, con evidencia de olor a gasolina, en Playas de Tijuana. Se informó que serían presentadas ante un juez en relación con estos hechos.

La quema de establecimientos tuvo lugar la noche del lunes 19 de febrero en diversas ubicaciones, incluyendo Paseo Cucapah en la colonia Ampliación Guaycura, el bulevar Díaz Ordaz en las colonias Las Brisas e Independencia, Plaza China, así como en la calle Ermita Sur y Guillermo Prieto de la colonia 20 de noviembre. En este último sitio, se registró un ataque en el que resultaron afectados Alejandro García López, de 27 años, quien fue declarado fallecido, y Pompeya Hernández Gordian, de 45 años, trasladada en estado grave a un hospital.