En 2023, la compañía conocida como SIGUE, situada en la colonia Río Suchiate, perteneciente a la delegación Zona Centro, comenzó a implementar reducciones de personal de manera equitativa. Sin embargo, el 18 de febrero de este año, varios empleados de Tijuana y Aguascalientes reportaron que sus accesos a los sistemas de la empresa fueron bloqueados. El 19 de febrero, se les notificó que debían presentarse en Conciliación y Arbitraje para realizar los trámites necesarios.

“Nadie nos dio la cara, ni los representantes legales a quienes no sabemos quienes son, solo conocemos el nombre del dueño que es Guillermo de la Viña. Nunca hubo una plática por parte de ellos solo nos cortaron accesos y al día siguiente se nos mencionó que debíamos presentarnos directamente en conciliación para presentar una demanda” señaló Jonathan Chavez, empleado afectado con más de 6 años trabajando en la compañía como coordinador de operaciones. 

También te puede interesar: Desmantelan “call center” presuntamente por fraude bancario y extorsión

Varios perjudicados se congregaron el lunes 4 de marzo para expresar su descontento frente a la empresa Sigue, señalando la actuación insatisfactoria de los empleadores. Además, destacaron la falta de respaldo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California. Exhortaron a dicha entidad a involucrarse en la regulación e investigación de empresas estadounidenses que operan en México.

“De la Secretaría del Trabajo no hemos recibido apoyo, están muy tranquilos, pero no hemos recibido ningún apoyo de ellos”, señaló María Luisa Macias quien contaba con 18 años desarrollándose en la empresa y denunció a recursos humanos por intentar brindarle una carta de renuncia voluntaria ofreciéndole $96,000 pesos por el tiempo trabajado, lo cual, señaló no era lo correspondiente. 

Además, varias empleadas afectadas, con 10, 16 y 19 años de experiencia laboral, mencionaron que están viviendo al día tras ser despedidas en masa, mientras los propietarios "huyeron" a Estados Unidos, según la información proporcionada a ellas. Además, informaron que Conciliación y Arbitraje les aconsejó contratar a un abogado, ya que los responsables no se presentaron a declarar para buscar una solución a su situación. Esto les resulta difícil debido a los gastos que enfrentan, considerando que algunas de ellas son el sostén principal de sus familias.

En Tijuana, se estima que entre 150 y 200 personas se unieron a las afectadas, mientras que en Aguascalientes se suman otras 600 personas afectadas por este despido repentino, según se menciona.