En Playas de Rosarito, residentes del fraccionamiento Hacienda Vistamar y su Comité de Vecinos, denunciaron la falta de cumplimiento de servicios básicos prometidos y problemas de seguridad que han afectado la comunidad durante los últimos 30 años.

Según Padilla, a pesar de las promesas de contar con drenaje y una planta tratadora de aguas, estas infraestructuras no se han desarrollado, resultando en diversas problemáticas, incluida la delincuencia, que resultó en el asesinato de un portero.

Elvira Padilla, presidenta del Comité de Vecinos, explicó que la comunidad se ha acercado a autoridades locales y federales, incluyendo la alcaldesa Araceli Brown, quien proporcionó apoyo temporal de la Guardia Nacional.

Sin embargo, los problemas persisten, incluyendo preocupaciones con la tubería de Pemex que atraviesa el área, aumentando el riesgo de explosión debido a la falta de mantenimiento adecuado.

El origen de estos problemas se atribuye a la gestión del fraccionamiento por parte de un grupo de fraccionadores, originalmente bajo el nombre de Ripa y Asociados. Conflictos legales entre los socios complicaron la situación, dejando a la comunidad en una especie de limbo legal y administrativo.

La falta de una entidad corporativa clara también complicó las acciones legales y las negociaciones para resolver los problemas del fraccionamiento.

La comunidad, que representa a alrededor de 300 propietarios afectados, ha intentado diversas estrategias para hacer valer sus derechos, incluyendo protestas y demandas legales.

Se enfrentan a la negativa de las autoridades para intervenir, argumentando que el fraccionamiento no ha sido formalmente entregado a la municipalidad.

Los residentes, informó Elvira Padilla, están buscando soluciones que incluyen la entrega de terrenos por parte de los fraccionadores para financiar las obras necesarias para completar el fraccionamiento de manera adecuada.

Para los afectados, el siguiente paso es esperar la resolución judicial sobre la demanda grupal presentada, buscando el cumplimiento de los contratos originales que prometían infraestructura y servicios básicos.