En semanas pasadas, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló junto al Lic. Alejandro Arregui, secretario del trabajo y previsión social en BC y la diputada Michelle Sánchez sobre una iniciativa para fortalecer penas y sanciones en contra de aquellas empresas que optan por evadir responsabilidades con los trabajadores, ante cierres inesperados. 

 Esta iniciativa se espera entre en funcionamiento una vez que haya sido llevada al pleno del congreso en aproximadamente tres meses, sancionando con multas y hasta prisión preventiva para aquellos representantes legales y/o patrones que no paguen lo estipulado por ley a sus trabajadores una vez que la empresa de por terminado funciones. 

En ese sentido, el Lic. Roberto Quijano Sosa, abogado empresarial, señaló que no considera que esta acción sea un delito, sino una falta grave para los trabajadores, debido a que existe una ley federal del trabajo que establece indemnizaciones para esos casos, sin embargo, afirmó que considera una buena iniciativa el que se refuercen las sanciones para aquellos que no cumplen con el funcionamiento y responsabilidad. 

“Pienso que no es un delito, es una falta grave para los trabajadores, sin embargo, afortunadamente en Baja California no es tan común, es prácticamente relativo que un suceso de este tipo suceda. Me parece una medida exacta que se refuercen las sanciones para quienes abandonen y no cumplan con responsabilidades”, indicó Quijano Sosa. 

Por otro lado,  sugirió que en tales circunstancias se debería exigir al empleador que pague una fianza para garantizar los derechos de los trabajadores. Se plantea que la empresa que está por cerrar deposite dicha fianza a través de instituciones como la Secretaría de Economía, con el fin de asegurar económicamente los derechos básicos de los trabajadores, tales como vacaciones, aguinaldo y prima de antigüedad.

Según el Secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, se ha detectado que desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, al menos seis empresas han cerrado sus instalaciones de forma formal y sin previo aviso, lo que ha afectado a miles de trabajadores. Además, se ha señalado que varios de estos incidentes han ocurrido en el sector textil de Ensenada.