El Tribunal de Justicia Electoral del Estado votó en unanimidad el impedir la candidatura de una persona deudora alimentaria sea candidata cuando “dicha sentencia se encuentra firme y vigente por el cumplimento de la obligación a un puesto de elección”, sin importar si sucedió antes de la entrada a en vigor de la llamada Ley 8 de 8 contra la violencia política contra la mujer en razón de género.

Un proyecto del magistrado presidente del Tribunal, Jaime Vargas, fue votado en Sesión Ordinaria, y que propuso el artículo 38 fracción séptima de la Constitución, relativo a la violencia política contra las mujeres, debe ser aplicada en retroactividad en favor de la víctima, por lo que un deudor alimentario sentenciado no podrá apelar a la retroactividad de ley.

“Considero que otorgaría una ventaja indebida a los aspirantes que pretenden el registro de una candidatura o a los registrados pues la incorporación por parte de la autoridad responsable de un elemento relacionado con el inicio de la temporalidad tornaría anulatoria la esencia de la reforma antes citada también conocida como Ley 8 de 8”, argumentó el magistrado Vargas.

Con esta resolución, los candidatos que hayan sido sentenciados como deudores alimentarios, sin importar los hechos sucedieron anteriormente a la entrada en vigor de la Ley citada, no podrán registrarse por considerar que están en los supuestos de impedimento.

Al mismo tiempo, el Tribunal le conminó al Instituto Estatal Electoral de BC (IEEBC) que, al no existir un padrón de deudores alimentarios, debe pedir a las autoridades correspondientes los expedientes de quienes aspiren a ser candidatos.