En Baja California Sur, representantes de pueblos tradicionales continúan resistiendo contra la propuesta de convertir las Sierras de La Giganta y Guadalupe en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Argumentan que esta medida facilitaría la intervención de organizaciones extranjeras en el manejo de estos espacios, lo cual consideran una amenaza a su autonomía y propiedad.

Desde hace varios meses, diversas manifestaciones han marcado la oposición de los auténticos rancheros sudcalifornianos hacia los planes del gobierno federal. Sostienen que las leyes ambientales están siendo utilizadas para despojarlos de sus tierras, y advierten sobre posibles maniobras legislativas sorpresivas por parte de legisladores locales.

Guillermo Trasviña Meza, representante de la organización "Rescate de los Pueblos Tradicionales y su Economía", ha expresado preocupación por los intentos de las autoridades federales de adecuar las leyes para favorecer a entidades extranjeras en la gestión de ANP. Cita casos específicos, como el del rancho Las Cacachilas, donde Cristina Walton ha adquirido propiedad y busca expandirse bajo la protección de una ANP.

Recientemente, los representantes se reunieron en el Congreso del Estado para evitar lo que denominan un posible 'madruguete' legislativo, similar al ocurrido con la "Ley de Infancias Trans". Lograron que tanto la nueva Ley de Ecología y Medio Ambiente como la de Cambio Climático fueran retiradas del orden del día, insistiendo en que cualquier legislación futura debe ser consensuada con los ejidatarios y rancheros locales.

El presidente del comisariado ejidal de San José de la Noria, Saúl Trujillo González, reafirmó el rechazo a la ANP en las Sierras de La Giganta y Guadalupe. Advirtió sobre posibles intentos de implementar esta decisión antes del cierre del actual gobierno federal, subrayando la necesidad de mantenerse vigilantes y organizados ante cualquier movimiento administrativo que afecte sus derechos y territorios.