Por Jesús Sánchez

En una rueda de prensa, jueces y magistrados federales de Mexicali expresaron su oposición a la reforma propuesta al Poder Judicial de la Federación (PJF), argumentando que esta medida pone en riesgo y vulnera los derechos humanos de la población. Destacaron que el PJF es la instancia donde se tramitan los amparos que los ciudadanos solicitan cuando las autoridades les niegan un servicio o derecho fundamental.

"Es un agravio a toda la sociedad, es un agravio a México", afirmaron los jueces y magistrados en rechazo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los funcionarios presentes se encontraban la jueza Laura Isabel Guerrero Vara, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Baja California; la jueza María Del Socorro López Villarreal, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California; la jueza Martha Alicia Alanís Sánchez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Baja California; el juez Óscar Molina Zavala, titular del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California; y el magistrado Alejandro Gracia Gómez, integrante del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Baja California, todos ellos residentes en Mexicali.

Los trabajadores del PJF lamentaron que legisladores del partido en el poder afirmen que la reforma será una realidad "como lo manda el jefe" (presidente), ya que esto rompe con la división de poderes.

Jueces y magistrados señalaron que el sueldo de un juez y los supuestos privilegios que se dice que ostentan son comparables a los de otros profesionistas, como un jefe de departamento en una maquiladora, un contador o un representante legal.

Asimismo, destacaron que su labor es ardua, trabajando los siete días de la semana en el PJF, especialmente en materia penal, donde se trabaja los 365 días del año y se resuelven los casos conforme a los términos legales, incluso si estos vencen en cualquier día y hora, contrario a lo que el presidente de México afirmó recientemente en su mañanera.