En una histórica decisión tomada durante la XLI Sesión Pública, celebrada la noche del 9 de septiembre, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California anuló la validez de los comicios municipales de San Felipe debido a una serie de irregularidades graves detectadas en la jornada electoral pasada.

El fallo se derivó del análisis de un informe que detallaba múltiples irregularidades, las cuales fueron consideradas determinantes y de carácter cualitativo, lo que sugirió manipulación de los paquetes electorales. Entre las anomalías detectadas, se encontró que algunos de estos paquetes no contenían las actas de escrutinio y cómputo, elementos esenciales para garantizar la transparencia del proceso.

La resolución se produjo en respuesta a un recurso de revisión de cómputo presentado por diversos partidos políticos y un ciudadano, quienes impugnaron el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) relativo al cómputo municipal de la elección de munícipes en San Felipe.

Uno de los puntos críticos señalados por el Tribunal fue que el informe emitido por el Secretario del Consejo General del IEE incluía razonamientos que no fueron certificados mediante las actas correspondientes en el tiempo oportuno durante la jornada electoral. Además, se intentó justificar la recepción de los paquetes electorales por una persona que no estaba facultada para tal labor, violando así los procedimientos establecidos.

El Tribunal concluyó que no se cumplió con el mecanismo de cadena de custodia, un protocolo crucial para asegurar que los votos sean manejados de manera segura y transparente desde la emisión hasta el cómputo final. Ante estas circunstancias, se determinó que se habían violado los principios constitucionales de certeza y autenticidad que deben regir los procesos electorales en México.

Como resultado de estas conclusiones, se decretó la nulidad de la elección de munícipes del Ayuntamiento de San Felipe y se invalidó la constancia de mayoría relativa otorgada a la planilla postulada por el partido Morena. Esta decisión marca un precedente significativo en la vigilancia y control de los procesos electorales en Baja California, subrayando la importancia de la legalidad y la transparencia en cada etapa del proceso democrático.