Con el objetivo de brindar certeza jurídica a cientos de familias en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en colaboración con el Gobierno Federal, anunció el inicio del Programa de Regularización para Familias en Condiciones de Marginación y Pobreza en el Ejido General Francisco Villa.

Este programa es el resultado de la cooperación entre el Gobierno de Baja California, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Gobernación, y se implementó en consenso con la Asamblea Ejidal de la localidad, según informaron las autoridades.

Gracias a este programa, las familias que han vivido históricamente en incertidumbre patrimonial podrán obtener el título de propiedad de sus terrenos. Esto les permitirá acceder a servicios públicos, realizar mejoras en sus viviendas y proteger su patrimonio, destacó la gobernadora.

La regularización se ofrecerá en dos modalidades: la primera, a precios accesibles, contará con el apoyo del Gobierno del Estado y está enfocada en familias en situación de pobreza que habitan 852 predios, con un costo de 163 mil 500 pesos. En esta modalidad, el Estado destinará 17 millones de pesos para cubrir el enganche de 20 mil pesos de estos predios a costo social.

La segunda modalidad será completamente gratuita para las familias más vulnerables, aplicándose a 400 predios en condiciones de pobreza.

El proceso para solicitar la regularización comenzará el 24 de octubre. Los interesados deberán acudir a la Ventanilla Única ubicada en el Centro de Gobierno Consorcio Metropolitano (IMOS), en Esquina, Carretera Libre Tijuana-Tecate, Blvd. Nogales Km. 26.5, El Florido, Tijuana.

Los documentos requeridos incluyen: copia de identificación oficial, copia de acta de nacimiento, constancia de posesión (preferentemente), copia de comprobante de domicilio, copia del CURP, copia de acta de matrimonio (en su caso), trabajos técnicos de medición y delimitación (si los hubiera) y estudio socioeconómico.

Finalmente, las autoridades anunciaron la creación de un Comité para la implementación de este programa, integrado por el Gobierno del Estado, la SEDATU y la SEGOB. Este Comité tendrá la tarea de evaluar, autorizar, observar y dirimir controversias en las solicitudes presentadas para su incorporación al Programa.