Durante 2024, se han registrado 1,124 interrupciones legales de embarazo en el estado de Baja California, superando la cifra alcanzada en 2023, que fue de 1,019 casos, informó Lucía Alejandra Pérez Mejía, directora de Salud Pública del Estado. De estas intervenciones, al menos el 65% se realizaron en la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali.

Pérez Mejía destacó que, entre las interrupciones registradas, 12 fueron solicitadas por víctimas de violación sexual, quienes acudieron a los servicios de salud para acceder a este derecho. La funcionaria desmintió el estigma común de que la mayoría de las solicitantes de abortos legales son adolescentes que lo usan como método anticonceptivo. "No es cierto, el porcentaje de menores de edad que solicitan la interrupción oscila entre el 3% y 4%, es un número mínimo", afirmó.

En cuanto a la edad de las solicitantes, la directora señaló que el grupo más común está entre los 25 y 35 años. Además, indicó que aproximadamente una tercera parte de las mujeres que han accedido a una interrupción legal de embarazo son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de estas, alrededor del 3% son menores de edad.

Además, la directora enfatizó que a las pacientes se les brinda un seguimiento integral desde el primer momento. Antes de la intervención, reciben consejería en la que se les explica detalladamente en qué consiste el procedimiento. Posteriormente, se mantiene un contacto constante para monitorear su estado de salud y detectar cualquier posible anomalía, garantizando así un proceso seguro y acompañado en todo momento.

Pérez Mejía enfatizó que el aborto no debe considerarse un método anticonceptivo, e informó que en el estado existen nueve módulos de atención donde se puede solicitar la intervención. En Mexicali, el módulo está ubicado en el Centro de Salud de la colonia Industrial, sobre la avenida Mecánicos Sur.

La directora de Salud Pública subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a estos servicios, garantizando que las mujeres en Baja California puedan ejercer su derecho a decidir de manera segura y sin estigmatización.