De acuerdo a las cifras finales de septiembre de 2024 aún faltantes de publicar, se muestran datos preliminares de 54 mil cruces irregulares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, es decir la cifra más baja que han obtenido desde agosto de 2020 detalló Luis Miranda, Subsecretario Adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

A través de una atención a medios virtual, Luis Mirando comentó que estas cifras se han dado por diferentes factores del trabajo que han implementado desde finales de 2019 hasta la fecha con la implementación de un programa presidencial y una regla que hace legibles a las personas que cruzan ilegalmente para solicitar asilo, además de hacer el porcentaje de deportación acelerada más sencillo para las autoridades norteamericanas. 

En ese sentido, el subsecretario adjunto explicó que las nacionalidades que principalmente son deportadas y retornadas son venezolanos, cubanos y mexicanos, de este último no pudo precisar la cifra estimada de cuantos se han realizado después del término del Título 42 en Estados Unidos, sin embargo, se estima un aproximado de 740 mil personas. 

Asimismo, afirmó que durante las últimas semanas se ha elevado el número de deportaciones hacia China, India, con vuelos a 180 países desde que se implementó la norma que limita la elegibilidad para el asilo, llevando a cabo más de 100 mil deportaciones y 400 vuelos a diferentes países del mundo. 

Ante la suspensión del valor humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), Luis Miranda resaltó que solo se trató de un freno temporal donde se necesitó realizar un asesoramiento de patrocinadores, ya que una vez que inician el proceso se requiere que se sumen al proceso y posterior a ello realizar una inspección de antecedentes para verificar si califican. 

Ante eso mismo, comentó que se realizaron mejoramientos en el proceso, sin embargo, continúa funcionando y siguen aceptando solicitudes de quienes buscan ser beneficiados en donde se estableció una norma de un periodo de dos años para buscar otras alternativas legales para permanecer en el país como lo es el asilo y/o Estatus de Protección Temporal (TPS) o en el caso de cubanos una residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.