El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California se encuentra en espera de una resolución oficial por parte del Congreso del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar si la elección judicial se llevará a cabo en 2025 o se postergará hasta 2027. Así lo informó Luis Alberto Hernández Morales, presidente consejero del IEE, quien destacó que la institución está preparada para organizar el proceso en cualquiera de las fechas definidas.

Hernández Morales explicó que hasta el momento no se ha definido el número de casillas que se instalarán ni si se optará por una estructura de centros de votación para este proceso. “Lo único que podemos hacer es esperar. No hay aún una definición concreta por parte del Estado”, señaló.

El presidente consejero también mencionó que en el proyecto de presupuesto del IEE para 2025 no se incluyó el financiamiento necesario para la organización de la elección judicial. Solo se asignaron entre 200,000 y 300,000 pesos destinados a la difusión del proceso, pero no para cubrir los costos operativos que implicaría su realización. El monto total del presupuesto dependerá, según Hernández Morales, del diseño del sistema electoral que se determine para la elección.

"La reforma constitucional establece que los congresos locales tienen hasta el 12 de marzo para tomar una decisión. Sin embargo, sería materialmente imposible organizar una elección para el 1° de junio si la definición se diera tan tarde, por lo que esperamos que, si Baja California decide ir en 2025, esta resolución se tome en las próximas semanas", subrayó Hernández Morales.

El IEE reitera que se encuentra en condiciones técnicas y operativas para realizar la elección judicial, pero la falta de claridad en las fechas y el presupuesto representa un reto para la planeación adecuada del proceso.

La elección judicial es un ejercicio que marcará un precedente en el estado, por lo que se espera que las decisiones necesarias se tomen con tiempo suficiente para garantizar su correcta implementación y la participación efectiva de los ciudadanos.