Con 21 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado de Baja California aprobó el dictamen No. 15 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que incluye una controvertida reforma al Poder Judicial local. La decisión se tomó durante una Sesión Extraordinaria realizada la tarde del 27 de diciembre de 2024, generando fuertes críticas de la oposición.

Uno de los discursos en contra de la reforma fue el de la Diputada Daylín García Ruvalcaba, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano, quien calificó la medida como un error similar al cometido a nivel nacional con la aprobación de una reforma de características similares.

La Diputada García Ruvalcaba señaló que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la reducción de los requisitos mínimos para los aspirantes a jueces, juezas y magistrados. Mientras que a nivel federal se exige un promedio mínimo en la carrera y cinco años de experiencia, la reforma aprobada en Baja California reduce este estándar a tres años, lo que, según la legisladora, compromete la preparación y capacidad de quienes ocupen estos cargos.

“La politización de la impartición de justicia y la eliminación de la carrera judicial son decisiones que parecen responder a otros intereses de la bancada de MORENA”, afirmó García Ruvalcaba durante su intervención en el pleno.

La legisladora también subrayó que la reforma no aborda problemas fundamentales del sistema judicial, como la garantía de la cadena de custodia, la mejora de recursos para las fiscalías, o el fortalecimiento de las policías municipales y estatales.

“No se está garantizando el acceso a una justicia imparcial”, declaró García, quien advirtió que la reforma podría debilitar aún más el sistema judicial en el estado, alejándolo de su función primordial de impartir justicia de manera eficiente y equitativa.

La reforma contó con el respaldo mayoritario de la bancada de MORENA y sus aliados, quienes argumentan que los cambios buscan democratizar el acceso a los cargos judiciales. Sin embargo, la oposición, liderada por Movimiento Ciudadano y otros partidos, considera que la medida responde a intereses políticos y no a una verdadera reforma estructural.

Con la aprobación de esta reforma, el Poder Judicial local enfrenta una nueva etapa en la que deberá demostrar si los cambios propuestos realmente contribuyen al fortalecimiento del sistema o si, como advierten los críticos, representan un retroceso en la impartición de justicia.