La activista Angélica Ramírez, representante del colectivo Una Nación Buscando-T, lanzó un contundente llamado a las autoridades estatales para atender a miles de menores que viven en el olvido tras haber sufrido las consecuencias de diversos delitos. Según sus estimaciones, más de 18 mil niños en Baja California son huérfanos de padres asesinados o desaparecidos, así como víctimas directas de abusos, secuestros y privaciones ilegales de la libertad.

Ramírez explicó que los colectivos de búsqueda y defensa de derechos han tenido que recurrir al amparo legal para exigir la implementación de programas de atención a víctimas y un registro oficial que permita dimensionar la magnitud del problema. “El Estado está infestado de víctimas. Hay niños, niñas y adolescentes que han quedado completamente desamparados y el gobierno no ha hecho lo suficiente para protegerlos”, denunció.

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La activista subrayó que estas situaciones no solo afectan emocional y psicológicamente a los menores, sino que también agravan el círculo de violencia en las comunidades. “Estos niños no solo han perdido a sus padres, también han perdido su derecho a una vida digna. Son víctimas que el sistema ha olvidado”, agregó.

Ramírez destacó que el abandono por parte de las autoridades es alarmante, sobre todo en casos de abuso sexual y secuestro. “Son delitos gravísimos, y los niños quedan marcados de por vida. Necesitamos que el gobierno actúe ya y deje de mirar hacia otro lado”, dijo, enfatizando la urgencia de crear políticas públicas que realmente protejan a los más vulnerables.

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Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para solidarizarse con las víctimas y exigir respuestas claras al gobierno. “Los colectivos no podemos hacerlo solos. Necesitamos que la ciudadanía y las autoridades trabajen juntas para devolverles esperanza a estos niños que, hoy por hoy, solo tienen silencio y desamparo”, concluyó.