Con el objetivo de fortalecer los mecanismos para la resolución de conflictos y evitar la saturación del sistema judicial, se está implementando en todo el país la Ley General de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, también conocida como Justicia Alternativa. Esta medida también coincide con la emisión del Código Nacional, lo que refuerza la estructura jurídica para la resolución pacífica de disputas.

El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López informó que, aunque esta ley ya fue emitida, una gran parte de la ciudadanía desconoce su existencia y alcance. “Ahora sí que ha pasado desapercibida por gran parte de la ciudadanía”, comentó el magistrado, subrayando la necesidad de dar a conocer las implicaciones y beneficios de esta legislación.

De acuerdo con la normativa, los estados tienen la obligación de emitir sus propias leyes locales en concordancia con la ley general. En caso de que Baja California no emita una legislación local antes del 27 de enero, la Ley General Nacional entraría en vigencia de forma directa, derogando la actual ley estatal. Este cambio establecería cómo debe trabajarse la justicia alternativa en la entidad.

El magistrado Fragozo López enfatizó que el Poder Judicial del Estado de Baja California ya está trabajando en un proyecto de ley que está siendo ajustado para ser presentado ante el Congreso del Estado. “Es un tema de suma importancia; es una manera de cómo se debe de trabajar, la manera como se debe de solucionar los conflictos en el futuro, porque si no va a colapsar el sistema civil y familiar”, advirtió.

La Justicia Alternativa representa un cambio significativo en la forma de abordar conflictos legales, priorizando mecanismos como la mediación y la conciliación sobre los procedimientos judiciales tradicionales. Este enfoque busca no solo resolver disputas de manera más ágil y efectiva, sino también reducir la carga de trabajo en los tribunales, brindando una atención más personalizada y eficiente a los ciudadanos.

La pronta adaptación y aprobación de esta legislación a nivel estatal será para garantizar que Baja California mantenga una estructura jurídica sólida y alineada con los lineamientos nacionales, promoviendo así una justicia más accesible y moderna para todos sus habitantes.