Una de las polémicas promesas de campaña de Donald Trump, quien asumió el cargo este lunes 20 de enero, está cobrando cada vez más fuerza: la deportación de personas sin residencia legal que tengan antecedentes criminales. En este contexto, las autoridades de Baja California han afirmado estar preparadas para enfrentar esta situación.

La Fiscal General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aseguró que no hay preocupación de que estas deportaciones afecten los índices delictivos en la región. Destacó que existe una sólida coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales, y que el tema se aborda de manera prioritaria en las reuniones de seguridad del gobierno estatal.

“Si una persona deportada ingresa al territorio mexicano con alguna situación de prevención o antecedentes penales, las autoridades preventivas serán las responsables de actuar. En caso de que el asunto trascienda a un nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) tomará el control del caso”, explicó Andrade Ramírez.

Asimismo, la Fiscal recalcó que, si el deportado no cuenta con antecedentes criminales en México, la intervención de su oficina no sería necesaria, aunque las autoridades preventivas mantendrán un monitoreo constante para evitar cualquier situación de riesgo.

Por último, Andrade Ramírez enfatizó que la atención a los deportados con órdenes de aprehensión es un trabajo conjunto entre diversas instituciones, garantizando que cada caso sea tratado conforme a la ley. “Tenemos protocolos establecidos para mantener la seguridad en el estado y proteger a la ciudadanía”, concluyó.