La Comisión de Justicia salió del pleno del Congreso del Estado y sesionó en las instalaciones de la Auditoría Superior de Justicia de la ciudad de Tijuana, con el objetivo de dar a conocer las iniciativas aprobadas para reformar el Código Penal de Baja California. Entre las propuestas aprobadas destacan el aumento de las penas para quienes agredan a menores de edad y la tipificación del fraude familiar.

La diputada Angélica Peñaloza, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California, detalló que el delito de fraude familiar es una iniciativa presentada por la diputada Michel Sánchez Allende. Esta propuesta busca tipificar como fraude familiar a quienes, aprovechándose de su situación, intenten modificar títulos de propiedad para evitar que su cónyuge e hijos tengan derechos sobre dichos bienes. Quienes incurran en este delito serán castigados con penas de prisión de hasta 5 años y multas de entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

"Ya no va a venir Juan Pérez a pedirle a su hermana que ponga a su nombre la propiedad porque se va a divorciar y no le quiere dar la mitad de la casa a la esposa. Eso antes sucedía, y es lamentable, porque no piensan en sus hijos y siguen violentando a sus mujeres", señaló la diputada Peñaloza.

La reforma también contempla penas para quienes simulen la percepción de ingresos inferiores a los que realmente ganan, con el fin de evadir la obligación de otorgar pensión alimenticia a sus hijos.

Peñaloza destacó que estas acciones deben ser castigadas, pues se han registrado cientos de casos en los que el cónyuge varón cambia propiedades a nombre de familiares para evitar que las madres e hijos reclamen lo que por derecho les corresponde. Así, se aprovechan de un vacío legal que deja a las familias en una situación vulnerable.

Por su parte, la diputada Daylín García Ruvalcaba explicó que su iniciativa presentada a la Comisión de Justicia busca aumentar en 5 años las penas ya establecidas por el Código Penal para quienes agredan a menores. La reforma al artículo 179 del Código Penal Local establece una pena adicional de 5 años de prisión para quienes atenten contra la integridad física de los menores de edad.

"Quizá una persona con discapacidad esté siendo violentada por alguien que tiene autoridad sobre el niño, como el caso de maestros o maestras que se atrevan a tocar a nuestros niños o niñas de Baja California", expresó la legisladora García.

Además, si el agresor ocupa un cargo público o trabaja en algún puesto relacionado con la atención de la persona afectada, la pena se incrementará aún más.