Rafael Orozco Vargas, Fiscal Central en Baja California, señaló que el protocolo a seguir ante posibles arribos masivos de personas que cumplen condenas o han cometido delitos graves en Estados Unidos, consistirá en una revisión de antecedentes penales. Si se encuentran con investigaciones activas en el país, serán retenidos.

“Por medio de plataformas que tenemos actualmente, si (las personas deportadas) cuentan con órdenes de aprehensión en diversos estados de México, y si ese es el caso, existe una colaboración entre las fiscalías de todos los estados, de tal manera que si hay órdenes de aprehensión vigentes en otro estado, las podemos ejecutar aquí, en el entendido de que esto solo será por el tiempo que tarde la autoridad correspondiente de ese estado en venir por ellos”.

Este protocolo se aplicará a todos los migrantes, independientemente de la causa de su deportación.

“Este procedimiento debe ser aplicado a todos los migrantes que llegan, porque actualmente los sistemas y plataformas con los que contamos en todo el país, cuando una persona tiene una orden de investigación o de detención, el sistema automáticamente lo detecta. Luego, realizamos una investigación específica”, dijo Orozco Vargas.

Orozco Vargas también explicó que este protocolo es el que se sigue para asegurar que las autoridades correspondientes lleven a cabo el proceso para reintegrar a las personas deportadas, incluyéndolas en programas que eviten que su regreso los haga vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales.

Por su parte, albergues y activistas de derechos humanos, enfocados en personas en contexto de movilidad, señalaron que históricamente en la ciudad de Tijuana no se ha brindado una atención integral a quienes son deportados con antecedentes penales o que han cumplido una condena en una prisión de Estados Unidos.

Esta situación pone en vulnerabilidad a los mexicanos repatriados por la garita internacional de El Chaparral, ya que la mayoría de ellos regresan al país sin documentos ni credenciales que acrediten su identidad, e incluso algunos no hablan español. Esto les dificulta encontrar empleo rápidamente para sostenerse en esta ciudad fronteriza.

Activistas han señalado que esta falta de apoyo es aprovechada por grupos criminales para reclutar a los deportados en actividades ilícitas.