Baja California es una de las entidades con mayor número de personas con discapacidad en el país, pero la falta de participación en procesos legislativos ha impedido la creación de políticas públicas efectivas para atender sus necesidades.

Eduardo López Ruíz, activista y consultor gubernamental, señaló que más de 500 mil personas en el estado presentan alguna de las tres principales discapacidades reconocidas por el INEGI. 

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Advirtió que esta cifra aumentará en los próximos 20 años debido al envejecimiento de la población y la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas.

López Ruíz lamentó la escasa participación de este sector en la toma de decisiones, especialmente en temas de infraestructura, educación inclusiva y acceso a servicios de salud. 

Subrayó que, sin su intervención en el ámbito legislativo, será difícil garantizar avances en derechos y condiciones de vida.

Finalmente, hizo un llamado a las personas con discapacidad para que se involucren en las iniciativas del Congreso local a través de sus representantes, con el fin de impulsar políticas que atiendan de manera efectiva sus necesidades.