La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado, la cual fue aprobada por el pleno. Su objetivo es incorporar el concepto de violencia institucional en la legislación.

Con la aprobación del Dictamen No. 2 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, que contiene dicha iniciativa, se fortalece el marco jurídico de Baja California en beneficio de las personas mayores de sesenta años.

La inclusión de esta figura en la ley busca garantizar que los servidores públicos brinden un trato digno y libre de violencia a los adultos mayores. Además, permitirá mejorar la vigilancia y sanción de abusos cometidos por funcionarios, asegurando así el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los derechos de las personas adultas mayores están reconocidos en la Constitución, en leyes secundarias y en Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Cabe destacar que la figura de violencia institucional ya está contemplada en legislaciones de otros estados, como Nuevo León y Ciudad de México, lo que respalda su viabilidad jurídica.

Por estas razones, se aprobó la reforma a la fracción VI del artículo 6 BIS de la ley mencionada, estableciendo que:
Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como su acceso al disfrute de políticas públicas.

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Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México residían 17,958,707 personas de 60 años o más, representando el 14% de la población total.

Por su parte, el Censo de 2020 del INEGI registró en Baja California una población de 245,280 adultos mayores, equivalente al 6.5% de la población estatal.