La operatividad de las cámaras instaladas en unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, así como de las cámaras corporales asignadas a los agentes, se ve afectada por vacíos en la reglamentación vigente, lo que genera confusión sobre su uso en distintas situaciones.

El Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Óscar Vega Marín, señaló que, si bien las cámaras deben ser utilizadas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, las normas actuales presentan ambigüedades que dificultan su implementación en el trabajo policial diario. Entre los principales problemas identificados, indicó que la reglamentación no establece como obligatorio su uso, incluso en casos de flagrancia.

“Las cámaras no se pueden utilizar de acuerdo con la reglamentación actual, si hay menores de edad involucrados en un evento”, explicó Vega Marín. Además, agregó que cualquier ciudadano tiene el derecho de solicitar que no se le grabe, incluso cuando se encuentre en una situación de flagrancia, lo que limita la efectividad del material audiovisual como evidencia.

El funcionario subrayó la necesidad de actualizar y clarificar estos reglamentos, eliminando o modificando las disposiciones que generan incertidumbre y limitan el uso adecuado de la tecnología en tareas de seguridad pública.

“Como no soy experto, prefiero simplemente comentar que esas lagunas son las que tenemos que aclarar”, puntualizó.

El uso de cámaras en cuerpos de seguridad ha sido impulsado en diversas partes del país y del mundo como una medida para fortalecer la vigilancia, reducir abusos policiales y garantizar transparencia en la actuación de los agentes. Sin embargo, la existencia de vacíos normativos en Mexicali podría afectar la eficacia de esta herramienta tecnológica, por lo que se prevé que el tema sea analizado para futuras reformas en la normativa municipal.