Historial de complicidad: acusan al PAN de solapar el crimen en Baja California
CALI - BAJA
15-03-2025
Foto: Cortesía
Publicado: 15-03-2025 20:24:23 PDT
Señalamientos contra la actual administración carecen de sustento, afirma el diputado Molina
El diputado Juan Manuel Molina García, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso de Baja California, acusó a los militantes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de hipocresía, al olvidar que durante los 30 años en que gobernaron la entidad y los 12 que administraron el país, fueron cómplices y encubridores del crimen organizado.
Molina García, también presidente de la Junta de Coordinación Política, rechazó las acusaciones sin sustento dirigidas contra la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Señaló que Baja California padeció tres décadas de malos gobiernos del PRIAN, tanto en los niveles municipal, estatal y federal.
El legislador subrayó que los panistas omiten el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, recientemente sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. "Ya no recuerda la diputada Alejandrina Corral que en ese tiempo ellos aplaudían la guerra de Calderón, se tomaban fotos con García Luna y con funcionarios bajacalifornianos de la administración calderonista", comentó.
Asimismo, recordó que José Luis Ovando Patrón, entonces diputado federal del PAN por Baja California y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la Unión, respaldó el trabajo de García Luna y facilitó su acercamiento con autoridades estatales.
Molina también señaló que los legisladores panistas no deben ignorar los casos de Antonio Carmona Añorve, exjefe policíaco detenido por sus nexos con el crimen organizado durante el primer gobierno municipal de Jaime Díaz en Mexicali. También mencionó la venta de charolas de la extinta PGJE a sicarios del crimen organizado durante la administración de Ernesto Ruffo Appel.
Finalmente, el legislador morenista destacó que el auge de las desapariciones forzadas en Baja California ocurrió en la recta final de la gestión de Alejandro González Alcocer y se intensificó en el gobierno de Eugenio Elorduy Walther. En ese periodo, las acusaciones sobre la relación de grupos criminales con el entonces procurador Antonio Martínez Luna fueron constantes.
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