Activistas en defensa de la comunidad LGBTIQ+ exigen justicia para Erika, una mujer trans víctima de un ataque armado ocurrido la noche del martes 18 de marzo. La persona detenida por el atentado, Marcos Gael “N”, es menor de edad peor debe asumir las consecuencias de los graves daños causados.

Susana Barrales, directora de La Casita Unión Trans, expresó que, como activistas, se mantendrán vigilantes para que el ataque contra Erika sea tratado como un intento de Trans Feminicidio y que el agresor sea obligado a atender a la víctima hasta su recuperación completa.

“En enero, otra compañera fue brutalmente asesinada y quemada viva, lo que refleja lo que estamos viviendo. Afortunadamente, Erika sigue con vida, pero, de haber muerto, ¿qué habría hecho la justicia para castigar al responsable? La Fiscalía y la policía ya tienen al agresor, pero ¿qué hará él para reparar el daño a Erika, quien tiene 62 años y ha perdido muchas oportunidades? Ya no podrá trabajar, sus puertas se han cerrado. ¿Cómo sobrevivirá en este país?”, cuestionó Barrales.

La víctima, Erika, originaria de Puebla, lleva 25 años viviendo sola en Tijuana, donde, debido a su identidad de género, ha sido rechazada por su familia y ha enfrentado discriminación, incluso para acceder a empleos formales. Además, el colectivo encontró dificultades para acceder a información sobre su estado de salud en el Hospital General, debido a las restricciones de información solo para familiares cercanos en casos graves.

Afortunadamente, Erika, quien recibió tres disparos durante el ataque, se encuentra en recuperación y su condición es estable.
Barrales también reflexionó sobre el odio y la transfobia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, señalando que muchas personas de este colectivo viven ocultas por miedo a ser rechazadas. “Es difícil comprender tanto odio hacia nosotros. ¿Qué daño hacemos para que nos quiten la vida de esa manera? Muchas personas desearían vivir libremente como nosotros, pero viven con una identidad dividida, y eso es un dolor enorme”, concluyó.