Veintidós presuntos miembros de una organización transnacional de narcotráfico con vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva, cinco de ellos originarios de Mexicali, cuyas bases de operaciones delictivas se encontraban en Mexicali y Valle Imperial, fueron acusados por un gran jurado federal de importar y distribuir más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y cocaína en los Estados Unidos, lavar los beneficios ilícitos y tratar de exportar armas de fuego desde los Estados Unidos hacia México.

De acuerdo con investigaciones encubiertas iniciadas en 2023, y en las que participaron más de 150 funcionarios federales, estatales y locales, el 20 de marzo de 2025 se arrestó a 10 presuntos traficantes en California, Arizona, Iowa y Colorado, además de ejecutar seis órdenes de registro en el Condado de Imperial. Hasta la tarde del 20 de marzo, continúa la búsqueda de 12 prófugos.

La investigación señala que son responsables del tráfico de más de 1,000 kilogramos (aproximadamente 2,204 libras) de drogas, incluyendo metanfetamina, cocaína y más de 750 kilogramos (aproximadamente 1,653 libras) de fentanilo, 10 armas de fuego y más de $250,000 en ganancias por narcóticos, los cuales fueron decomisados entre 2023 y 2025.

Según las órdenes de registro, los acusados pertenecían a una organización criminal transnacional con sede en Mexicali, México, y el Condado de Imperial, que operaba como una célula de distribución para el Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente asociada con Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

Los acusados son:

Irving Alberto López Valdés, de 36 años, de Mexicali.

Raúl Salomé Valdez-Orduno, de 46 años, de Mexicali.

Jesús Damián Lizárraga Sánchez, de 28 años, de Mexicali.

Elizabeth Millán, de 46 años, de San Diego.

Brandon García, de 27 años, de Calexico.

También están prófugos siete acusados no identificados:

Roberto Marrufo, de 40 años, de Calexico.

Ricardo Miramontes Nava, de 35 años, de Calexico.

Jacob Rodiles, de 21 años, de El Centro.

Roberto Fernández, de 70 años, de Calexico.

Raúl Martínez Jiménez, de 56 años, de Mexicali.

Julián Bañuelos, de 19 años, de Imperial.

Alain Alejandro Robles-Murrieta, de 19 años, de Mexicali.

Además, tres acusados más no identificados están prófugos.

Se les acusa de:

Conspiración para distribuir sustancias controladas, cuya pena máxima es cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y una multa de $10 millones.

Conspiración de lavado de dinero, con pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000.

Intento de transferir un arma de fuego para su uso en un delito de narcotráfico, con pena máxima de 15 años de prisión y una multa de $250,000.