Un nuevo episodio de conflicto se vivió en el Parque Benito Juárez, un espacio público ubicado entre el Palacio Municipal y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Zona Río, cuando autoridades llevaron a cabo un desalojo que pone fin a un campamento que se había mantenido en resistencia por más de 15 años.

El operativo se desarrolló minutos antes de las 16:00 horas y fue ejecutado por cerca de 50 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y personal de la Fiscalía, apoyados por aproximadamente 20 elementos antimotines. Un testigo relató que se solicitó a los ocupantes retirarse voluntariamente, pero al final, dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos. En total, una decena de personas fueron desalojadas del parque, mientras un cordón de seguridad se desplegaba desde la glorieta hasta la UABC para impedir el acceso.

El activista José Luis Paredes Cardoso, quien ha encabezado la defensa del parque, calificó el desalojo como parte de un proceso irregular de recuperación de la propiedad. Según sus declaraciones, el predio fue destinado en 1978 por decreto presidencial de José López Portillo para servir como plaza cívica y parque público. Sin embargo, durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla, el terreno fue entregado a una asociación civil y posteriormente transferido al entonces rector de la UABC, quien, según el activista, tenía un vínculo familiar con Bonilla.

Paredes Cardoso responsabilizó a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de no haber intervenido a tiempo para solucionar el conflicto. Según él, la mandataria contaba con la documentación y facultades necesarias para revertir la cesión del predio y evitar la situación actual.

El amparo presentado en 2021 en defensa del parque sigue vigente, recordó el activista, quien subrayó que la lucha por este espacio ha cumplido ya 15 años, coincidiendo con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Tras el desalojo, el campamento instalado por los llamados "guardianes del parque" fue completamente desmontado por una empresa de seguridad privada. En el lugar, solo quedaron los pequeños árboles que los activistas habían plantado como símbolo de su resistencia.