En busca de justicia para su madre y de respaldo ciudadano para la implementación de la Ley Amparito, Ana Lidia Soto Romero se manifestó este miércoles frente al Congreso del Estado de Baja California.

Soto Romero emprendió una lucha para esclarecer el caso de su madre, Amparito, quien perdió la vida tras ser brutalmente atacada por cinco perros en un parque público de la colonia Villas del Rey, en Mexicali. No obstante, denunció malos tratos y negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia, acusando a la dependencia de intentar orquestar un acuerdo reparatorio sin su consentimiento.

Además, señaló irregularidades en el proceso pericial de la escena del ataque, afirmando que su propia familia encontró restos humanos que los peritos dejaron atrás. "La escena se procesó de manera incorrecta; fueron mis familiares quienes hallaron una oreja y cuero cabelludo de mi madre, lo cual es inaceptable", denunció Soto Romero.

La activista también reveló que tuvo la oportunidad de conversar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita a Mexicali, a quien le expuso su caso y los presuntos abusos por parte de la Fiscalía. "Después de hablar con la presidenta, le informé sobre el fiscal regional Efrén Ruiz Romo y la forma en que ha violentado nuestros derechos", enfatizó.

En paralelo a la exigencia de justicia, familiares y vecinos de Villas del Rey promueven la Ley Amparito, una iniciativa que busca reformar las sanciones contra propietarios de perros agresivos en Baja California. La propuesta contempla cinco medidas clave:

1.    Agravamiento de penas para dueños de perros que hayan causado muertes, siempre que se demuestre que eran conscientes de la agresividad de sus animales.

2.    Sanciones más estrictas para propietarios que no mantengan el control de sus perros, incluso dentro de propiedades privadas.

3.    Revisión rigurosa de antecedentes de personas con historial de ataques de sus perros.

4.    Exigencia de medidas de prevención, como el uso obligatorio de correas y bozales en espacios públicos.

Con la recolección de firmas y la manifestación frente al Congreso, los impulsores de la iniciativa buscan que la propuesta sea discutida y aprobada por los legisladores locales, con el objetivo de evitar futuras tragedias similares.