Ante recientes episodios de violencia que han sacudido a la comunidad escolar de Baja California, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó un exhorto dirigido a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y a las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y de vigilancia en planteles educativos.

La propuesta surge tras dos lamentables sucesos que han generado preocupación e indignación entre estudiantes y padres de familia. El primero ocurrió el pasado 16 de marzo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, Plantel Mexicali 1, donde un intento de abuso, posiblemente de índole sexual, fue frustrado por la intervención de estudiantes. A pesar de su valentía, el agresor logró escapar antes de que llegaran las autoridades.

El segundo caso, aún más trágico, tuvo lugar el 27 de marzo en Tijuana. Un joven de apenas 14 años fue asesinado al salir de la Escuela Secundaria Josefina Rendón. La diputada Geraldo lamentó profundamente que el presunto responsable sea otro menor de edad, quien habría tenido acceso a un arma de fuego.

“Estos incidentes no deben normalizarse ni quedar impunes”, afirmó la legisladora morenista. “La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad compartida entre autoridades, escuelas y sociedad civil”.

En su intervención, la diputada enfatizó la necesidad de fortalecer los programas de prevención dentro y fuera de los centros escolares. “La prevención no puede ser solo una reacción, sino una estrategia constante que incluya campañas contra el acoso escolar, la violencia y el uso responsable de la tecnología”, señaló.

Asimismo, propuso capacitar al personal educativo en protocolos de seguridad y manejo de crisis. Dicha formación permitiría al personal identificar señales de alerta entre los estudiantes y actuar de manera adecuada ante emergencias.

Finalmente, Geraldo Núñez hizo un llamado urgente a las corporaciones policiacas para que intensifiquen su presencia en las inmediaciones de los planteles escolares. “No podemos permitir que más jóvenes sean víctimas de actos de violencia. La protección de la niñez y la juventud es un deber colectivo que exige acciones concretas, no solo discursos”, concluyó.