En los últimos seis años, más de 70 mil personas han desaparecido en el país, lo que representa un promedio de más de 30 familias que diariamente pierden a un ser querido a causa de desapariciones forzadas. Así lo advirtió la diputada federal Eva María Vásquez Hernández, quien lamentó la falta de atención del gobierno a este grave problema de seguridad.

“Pareciera que al gobierno le importa poco o nada le interesa, o poco o nada hace al respecto”, expresó la legisladora federal, al denunciar la indiferencia de las autoridades frente a la crisis humanitaria que enfrentan miles de familias mexicanas.

Vásquez Hernández subrayó que la desaparición forzada es un tema profundamente sensible para la sociedad en todo el país, y en particular para Baja California, donde se ha evidenciado un incremento preocupante en los niveles de inseguridad y en el número de personas desaparecidas.

Ante este panorama, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que ha impulsado una serie de iniciativas legislativas y acciones concretas para atender este fenómeno, con el objetivo de que no se queden solo en buenas intenciones o discursos vacíos. “Hemos presentado una serie de propuestas legislativas y acciones para poder atender este tema, que no se queden solamente en una buena intención o en un discurso”, puntualizó.

Entre las propuestas planteadas, Vásquez Hernández destacó la importancia de fortalecer el marco legal para adecuarlo a la realidad que enfrentan las familias buscadoras. Además, propuso garantizar el acceso a las carpetas de investigación a los padres y madres de personas desaparecidas, así como brindar apoyo en insumos que permitan facilitar las labores de búsqueda.

Finalmente, la legisladora panista afirmó que también se está trabajando para que las desapariciones forzadas cometidas por particulares sean tipificadas como delitos del crimen organizado, con el objetivo de que sean perseguidas con mayor rigor y se actúe con mayor contundencia en su prevención y castigo.

“Las familias no pueden seguir enfrentando esta tragedia en el abandono. Es responsabilidad del Estado responder con hechos y justicia”, concluyó.