Una reciente publicación en redes sociales por parte del diputado federal José Armando Fernández Samaniego ha generado controversia, luego de que el legislador afirmara que el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California se encontraba sujeto a embargo, proponiendo incluso su reutilización para otros fines.

La declaración causó revuelo en el ámbito político estatal, al punto que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete Gruel, salió al paso para negar categóricamente la acusación, presentando públicamente la documentación correspondiente que respalda los pagos realizados por el partido en relación a dicho inmueble.

“Las declaraciones del diputado no tienen fundamento. Los pagos están al corriente y no existe ningún embargo sobre el edificio del PRI”, afirmó Aldrete Gruel al mostrar comprobantes de los adeudos liquidados que, según señaló, fueron erróneamente atribuidos por el funcionario federal.

El dirigente tricolor también aprovechó para cuestionar la actitud del diputado morenista, sugiriendo que si su interés por el estado fuera genuino, debería buscar construir consensos y trabajar junto con las distintas fuerzas políticas en favor de los ciudadanos de Baja California.

“La política se construye con diálogo, no con desinformación. Si realmente quiere ayudar, debería enfocarse en generar acuerdos y no en desviar la atención con declaraciones infundadas”, puntualizó Aldrete Gruel.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, explicó que el predio que efectivamente presenta adeudos fiscales es el del edificio perteneciente a la Confederación Nacional Campesina (CNC), el cual se encuentra sobre el Bulevar López Mateos, justo colindante al edificio del PRI, lo que podría haber dado origen a la confusión.

Este cruce de declaraciones vuelve a poner en evidencia la tensión política entre las fuerzas del oficialismo y la oposición en Baja California, especialmente en un contexto donde las redes sociales se han convertido en plataforma clave para el debate y la difusión de posturas públicas.