Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California, junto con la dirigente estatal de dicho partido, Lizbeth Mata Lozano, presentaron una solicitud de juicio político contra el actual senador y exalcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, y el exalcalde de Tecate, Darío Benítez Ruiz.

La solicitud se deriva de una denuncia penal interpuesta previamente contra el exfuncionario, relacionada con la millonaria deuda que dejó en su administración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

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La solicitud, Lizbeth Mata Lozano destacó que los adeudos acumulados por estos municipios han afectado gravemente los derechos laborales de los trabajadores.

“Acción Nacional está generando la vía jurídica contra los corruptos, y hoy estamos presentando un juicio político en contra del senador Armando Ayala y en contra del exalcalde de Tecate, Darío Benítez”, enfatizó la dirigente estatal del PAN.

Por su parte, el diputado panista Juan Diego Echevarría Ibarra detalló que la intención del juicio político es inhabilitar a los exfuncionarios para ocupar cargos públicos por un periodo que podría ir desde seis meses hasta 20 años.

“Que se cite al senador para que pueda defenderse ante el Congreso sobre estas acusaciones que le estamos realizando, sobre esta demanda de juicio político, por 3,600 millones de pesos que dejó adeudado el ayuntamiento de Ensenada, y 1,500 millones de pesos en el caso de Tecate”, subrayó el legislador.

La solicitud de juicio político fue turnada a la Comisión de Reforma del Estado, presidida por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, donde se evaluará su viabilidad y se definirá el proceso a seguir.

De proceder el juicio político, Ayala Robles y Benítez Ruiz podrían enfrentar sanciones que incluyen la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, además de cualquier responsabilidad penal derivada de la denuncia ya presentada.

Este caso se suma a una serie de señalamientos de mala administración y corrupción que han afectado a diversos municipios de Baja California en los últimos años, generando incertidumbre entre los trabajadores gubernamentales que dependen del ISSSTECALI para su seguridad social.