La diputada local Alejandrina Corral Quintero, del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización en el uso de los recursos estatales, así como para garantizar una mayor supervisión legislativa sobre los ajustes presupuestales.

En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que "todo buen gobierno debe implementar políticas que obliguen a la administración pública a operar con transparencia y rendición de cuentas", permitiendo verificar que los fondos se ejerzan correctamente y que los programas gubernamentales cumplan con sus objetivos.

Te puede interesar: Endurecerán sanciones para estacionamientos y empresas contaminantes en Tijuana

Actualmente, el artículo 50 de la ley permite al Poder Ejecutivo realizar transferencias entre partidas presupuestales sin requerir autorización del Congreso, siempre que no excedan el 15% del monto original asignado y se mantengan dentro del mismo ramo y capítulo. Sin embargo, Corral Quintero criticó que estas modificaciones solo se notifican al Legislativo "como un mero aviso", sin que los diputados tengan acceso a los expedientes ni oportunidad de evaluar su conveniencia.

Para corregir esta situación, la iniciativa propone que el Congreso del Estado deba emitir una resolución expresa en un plazo máximo de 30 días sobre cualquier solicitud de ajuste presupuestal. De no haber respuesta en ese tiempo, la petición se considerará rechazada automáticamente. Asimismo, se establece que las ampliaciones presupuestales automáticas deberán ser evaluadas con base en los informes de avances y el cierre del ejercicio fiscal, aplicando el mismo criterio para las autorizaciones dirigidas a los ayuntamientos.

La diputada argumentó que esta reforma es necesaria para evitar opacidad en el manejo de los recursos públicos y asegurar que el Legislativo ejerza plenamente su función fiscalizadora, en línea con las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado.

La propuesta será analizada en comisiones antes de su posible discusión en el pleno del Congreso local.