La reciente noticia sobre el registro de la marca “La Chinesca” por parte de Rubén Hernández Chen, delegado del Centro Histórico de Mexicali, ha generado controversia en redes sociales y entre algunos sectores de la comunidad, quienes han señalado un posible conflicto de intereses dada su posición como servidor público.

El caso cobró notoriedad en semanas recientes, luego de que se difundiera públicamente que Hernández Chen inscribió el nombre de la reconocida zona turística como marca registrada a título personal, situación que ha generado opiniones divididas, particularmente por tratarse de un funcionario directamente involucrado en el proyecto de revitalización del Centro Histórico.

Cuestionada sobre el tema, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció el trabajo de Rubén Hernández en la promoción y rescate del centro de Mexicali, pero tomó distancia respecto a su decisión de registrar el nombre.

“En cuanto al registro del nombre ‘Chinesca’, no lo comparto, yo no lo hubiera hecho, no creo que hubiera sido necesario. Él tendrá sus razones”, expresó la mandataria estatal.

Ávila Olmeda fue enfática al señalar que La Chinesca es un proyecto de todos los mexicalenses, no propiedad de una persona en particular, por lo que aclaró que será el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Sindicatura Municipal, quien determine si efectivamente existe un conflicto de intereses en este caso.

“Es un proyecto donde Rubén ha tenido una participación muy activa en el rescate y éxito de este proyecto. Respeto mucho a Rubén. Yo confío mucho en Rubén, confío en su honestidad y en su amor por esta zona de Mexicali”, añadió la gobernadora.

El registro de la marca “La Chinesca” ha generado preocupación en algunos sectores sociales, culturales y empresariales, que consideran que un nombre con valor histórico y cultural tan significativo no debería estar bajo control privado, especialmente por parte de un funcionario público.

Hasta el momento, ni Rubén Hernández Chen ni el Ayuntamiento han emitido una declaración oficial adicional sobre los posibles alcances legales o administrativos del registro de la marca.