Los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM) se han consolidado como espacios fundamentales para garantizar una convivencia supervisada y segura entre niñas, niños y sus padres o madres en contextos familiares conflictivos, así lo señaló María Fernanda Olguín, vocera del Colectivo Desertika, al destacar la labor de estas instituciones en la protección del interés superior del menor.

Olguín explicó que los CECOFAM no solo brindan un espacio seguro, sino que también evalúan constantemente a los menores, desde el momento de su ingreso hasta su salida, con el objetivo de analizar el impacto de las convivencias y así determinar la eficacia de las mismas.

“Gracias a los peritajes y boletines del CECOFAM, el Colectivo Desertika ha logrado que cinco niños regresen con sus madres”, enfatizó la abogada y activista.

La representante del colectivo aclaró que, si bien existen madres que señalan que son revictimizadas por el sistema y “satanizan” a los centros, en realidad los CECOFAM representan una herramienta legal y de acompañamiento emocional y psicológico que puede ser utilizada a favor de las familias, siempre que se conozcan y respeten los procesos jurídicos.

“Los centros apoyan. Solo es cuestión de comprender las cuestiones legales y no desinformar sobre su función”, indicó Olguín.

De acuerdo con un dictamen del Congreso del Estado, los CECOFAM fueron creados como una alternativa para facilitar los encuentros paterno o materno filiales cuando las relaciones familiares se han visto fracturadas por conflictos o procesos judiciales, ofreciendo atención especializada y garantizando el desarrollo integral y seguro de los menores involucrados.

Olguín reiteró que el trabajo de los CECOFAM es esencial no solo para promover una sana convivencia, sino también para prevenir escenarios de riesgo, violencia o manipulación hacia los menores, en un entorno controlado y supervisado por profesionales.

Desde el colectivo Desertika, que se enfoca en la defensa de los derechos de las madres en procesos legales familiares, se hace un llamado a fortalecer, informar y respaldar el trabajo de estos centros, como parte de una política pública de protección integral a la niñez en Baja California.